Destino del dinero de bienes incautados bajo la lupa

Fondos de subastas se distribuyen entre víctimas, Estado y operación institucional, según ley vigente.

El dinero recaudado por el Estado dominicano en subastas de bienes incautados se distribuye conforme a la Ley 60-23, priorizando la compensación de víctimas, seguido de su uso en programas públicos, según explicó en abril de 2026 el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide), encargado de gestionar estos activos provenientes de delitos como narcotráfico y corrupción.

De acuerdo con las autoridades, cuando existen víctimas identificadas, los recursos obtenidos se destinan primero a resarcir los daños ocasionados. En ausencia de estas, el 90 % del dinero pasa al Estado para financiar áreas como salud, educación, infraestructura y programas sociales, mientras que el 10 % restante se utiliza para el funcionamiento del propio Incabide.

Actualmente, el Estado administra más de 4,000 bienes incautados, incluyendo vehículos, inmuebles, embarcaciones y joyas, muchos de ellos vinculados a delitos graves. La puesta en subasta de estos activos busca convertir bienes improductivos en recursos líquidos, en un contexto donde durante décadas algunos permanecieron sin uso ni monetización efectiva.

Las autoridades han señalado que las subastas públicas continuarán realizándose de forma periódica para garantizar transparencia y recuperación de recursos. Se espera que estos procesos fortalezcan la capacidad del Estado para financiar políticas públicas y mejorar los mecanismos de gestión de bienes decomisados.